El Gobierno ofrece dar cobertura legal y económica a las prostitutas víctimas de la explotación sexual
* Antes de expulsarlas del país tendrán un mes para decidir si denuncian a sus explotadores
* También tendrán asistencia social y jurídica, y serán alojadas en centros de acogida
* Son medidas incluídas en el Plan de lucha contra la explota
RTVE.es/AGENCIAS MADRID 23.09.2008
- 13:58hLas
prostitutas que sean víctimas de trata de personas y deseen denunciar a sus
agresores contarán, durante un mes, con ayudas
económicas, asistencia social y jurídica, y además serán
alojadas en centros de acogida.
Así lo recoge el borrador del Plan
Integral de lucha contra la trata con fines de explotación sexual,
presentado hoy en rueda de prensa por la titular del Ministerio de Igualdad,
Bibiana Aído, con motivo del Día
Internacional contra la explotacion sexual y la trata de personas.
El 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España son
inmigrantes, la mayoría ilegales. De ellas, más del 80% son víctimas de trata
de personas, según aseguró Aído.
"El imaginario de una mujer que ejerce la prostitución libremente no es
real, ocho de cada diez lo hacen forzadas", señaló Aído. Por ello, este
Plan Integral ofrece a las víctimas de trata de personas "garantías
jurídicas" y "asistencia letrada gratuita" para que "niños,
niñas y mujeres víctimas de este delito especialmente espeluznante" den el
paso de denunciar y "los delincuentes acaben ante el juez", comentó
Aído.
Otras de las medidas más destacadas del plan son, la formación de profesionales preparados para ayudar a
las prostitutas víctimas de este delito, y la puesta en marcha
de campañas de sensibilización para
que los ciudadanos sean conscientes del problema.
Más de 18.000 mujeres extranjeras en
España son víctimas de la explotación sexual
Según el informe 'Lucha contra la
Trata de Mujeres' de la Federación de
Mujeres Progresistas (FMP) más de
18.000 mujeres extranjeras en España son víctimas de la explotación sexual cada
año, aunque el número de casos identificados "no
representa ni la mitad de los existentes".
Para el colectivo, "España constituye uno de los países principales de
destino de estas mujeres", por lo que es necesario que se apruebe un plan
nacional contra la trata de mujeres; que se transponga una Directiva Europea,
para que se conceda el permiso de residencia a estas víctimas y se incorpore en
la Ley integral contra la violencia de género al colectivo de prostitutas.
La legislación sólo protege a las mujeres maltratadas o asesinadas por sus
parejas, pero no a las prostitutas, que, según denuncia Mujeres Progresistas,
"no computan en las estadísticas oficiales" porque la Ley Integral
omite que "la explotación sexual es también violencia machista".
Más de la mitad proceden de
Latinoamérica
Asimismo, el informe, basado en datos de la Guardia Civil, revela que Madrid,
Castilla-La Macha y Valencia son las comunidades autónomas en las que, en 2006,
la Guardia Civil y la Policía Nacional localizaron un mayor número de víctimas,
las cuales, más de la mitad (el 58,59%) fueron identificadas en clubes de
carretera y provenían de Iberoamérica (Brasil, Colombia y República Dominicana,
principalmente).
En cuanto al número de denuncias, la organización sostiene que sólo un tercio
de estas mujeres suramericanas pusieron en conocimiento de las autoridades su
situación de explotación, ya que "existe la dificultad de que se
reconozcan como víctimas" porque las redes latinoamericanas "suelen
dejar libres a estas mujeres una vez han terminado de pagar la deuda".
Sin embargo, su situación irregular y la obligación de enviar dinero a sus
familias, "les impide salir de la prostitución, a pesar de quedar
libres". Asimismo, el informe de Mujeres Progresistas asegura que el
tiempo en que tardan en pagar la deuda oscila entre "uno y dos años".
La feminización de la pobreza y de las responsabilidades familiares, las
dificultades para mantenerse en el mercado de trabajo, o la visión idílica de
España, son, según la FMP "las principales causas" que obligan a
estas mujeres a emigrar. Además, en muchos casos son captadas por los
"propios familiares" (el 72,5%).
El colectivo asegura que la mayoría de estas ciudadanas latinoamericanas
trabajaban en sus países de origen (83%) y tenían estudios primarios (56,3%).
"El caracter familiar de las redes de trata que operan en América Latina
incrementa la vulnerabilidad de las mujeres inmigrantes y acentúa el riesgo de
ser captadas", añade la formación.