PATRICIA RAFAEL - Madrid - 23/09/2008 23:11

Un borrador sobre el tráfico de mujeres, en lugar de un enfoque global sobre cómo abordar la prostitución. La ministra de Igualdad, Bibiana Aído, presentó ayer el embrión de su plan para luchar contra la explotación sexual. La idea es que el proyecto esté listo antes de final de año para que pueda entrar en vigor en 2009.

Los objetivos de esta iniciativa son cuatro: sensibilizar a la ciudadanía, fijar políticas de cooperación con otros países para combatir sus causas, garantizar la seguridad de las mujeres para que denuncien y elaborar una política integral en la que participan 11 ministerios.

La medida fundamental consiste en dar un plazo de 30 días para que las prostitutas sin papeles y explotadas puedan denunciar a sus proxenetas. Aído sólo dijo que, durante ese periodo, las mujeres estarán atendidas en casas de acogidas, tendrán protección y una ayuda económica. Sobre las que no denuncien a sus proxenetas, ni una palabra.

Plan poco ambicioso 

Sin descalificar la medida, la mayoría de las asociaciones que conocen de cerca la cuestión echaron ayer de menos que no se haya empezado por un plan más ambicioso. Eso supondría resucitar el debate sobre si es conveniente legalizar esta actividad.

Aunque no existen cifras definitivas, los datos que manejó la Comisión Mixta por los Derechos de la Mujer del Congreso de los Diputados son que el problema afecta a 400.000 mujeres en España y que es un negocio en el que participan 15 millones de clientes.

"Un plan contra la trata que se queda cojo. Lo que hay que hacer es atajar el problema entero porque la trata es una forma agravada de prostitución", sentencia Sara Vicente, de la Comisión para la Investigación de Malos Tratos, asociación que forma parte de la Plataforma de Asociaciones por la Abolición de la Prostitución. De la misma opinión se mostraron en la Federación de Mujeres Progresistas.

Todos estos colectivos no quieren ni oír hablar de una regulación de la actividad. El argumento, que la prostitución implica, siempre, una explotación y, por lo tanto, una forma de violencia machista. l colectivo Hetaira, que defiende los derechos de las prostitutas, no lo ve así. Una de sus portavoces señala que, si bien hay que luchar contra el tráfico de personas explotadas sexualmente, "hay mujeres que libremente deciden ser trabajadoras del sexo" y hay que abordar el problema sin parches.

En España se produce una situación paradójica. La prostitución no está penalizada, aunque eso no impide que algunos ayuntamientos hayan empezado a luchar contra ella a golpe de multa cuando se da en el centro. Es el caso de Barcelona, donde deben pagar tanto meretrices como clientes.  En el caso de Madrid, no hay sanciones, pero se hostiga al cliente y se controla su acceso a la colonia Marconi, uno de los polígonos de la capital donde se ejerce la prostitución. A partir de las 11 de la noche, sólo se permite el acceso a los vecinos.

A las asociaciones implicadas, como Proyecto Esperanza, les molestó que la ministra no presentara más medidas concretas después de estar reclamándolas durante años.

Capítulo aparte merecen los anuncios de contactos. La Federación de Mujeres Progresistas pide al Ministerio que recomiende a los medios la eliminación de los anuncios de contacto. La comisión que abordó el tema ya lo acordó en marzo de 2007, pero la medida no está incluida en el borrador que Igualdad enviará a las CCAA y a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa para que realicen las aportaciones que juzguen pertinentes.